La región siberiana de Kémerovo aprobó hoy una ley que prohíbe la adopción de niños por parte de padres extranjeros, debido a las denuncias por el maltrato que los menores rusos reciben en el seno de sus nuevas familias.

Según la vicepresidenta del comité de Educación, Cultura y Política Nacional de la Asamblea Regional, Galina Soloviova, el Gobierno local ha recibido numerosas quejas sobre abusos, violencia e incluso muerte de niños entregados a familias extranjeras.

Soloviova, citada por la agencia rusa Interfax, aseguró que en las redes sociales en Estados Unidos y Europa Occidental existe un esquema de compra y venta de niños rusos.

«Como resultado, los niños pueden acabar en cualquier parte y con cualquiera. Y Rusia no puede jurídicamente asistir a los niños que se encuentran en situaciones de peligro o dificultad», dijo.

La diputada de esa región, corazón de la cuenca hullera siberiana, cifró en 77 los niños oriundos de Kémerovo que han sido acogidos este año por familias extranjeras, entre ellas 38 italianas, 13 alemanas y 7 españolas.

Desde el 1 de enero pasado las familias estadounidenses tienen prohibido adoptar niños en todo el territorio nacional, decisión que causó disensión en el seno del Gobierno ruso, pero que fue apoyada por el presidente, Vladímir Putin.

Pese a que desde julio del pasado año existe un acuerdo bilateral sobre adopciones, Putin decidió promulgar la ley tras denunciar la inacción de EEUU ante la trágica muerte de varios niños rusos acogidos por padres norteamericanos.

Aprovechando la aprobación de la ley, el Defensor del Menor ruso, Pável Astájov, presentó un informe ante el Kremlin para que se prohíban en un futuro todas las adopciones de niños rusos por familias extranjeras.

«La derogación de la adopción extranjera es un derecho de cada Estado», afirmó Astájov, quien ha calificado de «antipatriota» la práctica de entregar los niños rusos a otros países.

Recientemente, Astájov anunció que los países donde sea legal el matrimonio homosexual no podrán adoptar niños rusos sin haber suscrito un acuerdo bilateral con Moscú.

«Para que la adopción internacional continúe con los países con los que se ejercía, y estamos hablando de unos veinte, se exige la existencia de un acuerdo. Actualmente, tenemos acuerdos con Francia e Italia. Es decir, sólo con dos países», explicó.

El representante ruso agregó que, en estos momentos, el Gobierno prepara similares acuerdos bilaterales con España y el Reino Unido.

A principios de julio, Putin promulgó una ley que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de homosexuales y de solteros procedentes de países donde son legales las uniones entre personas del mismo sexo.

La región siberiana de Kémerovo aprobó hoy una ley que prohíbe la adopción de niños por parte de padres extranjeros, debido a las denuncias por el maltrato que los menores rusos reciben en el seno de sus nuevas familias.

Según la vicepresidenta del comité de Educación, Cultura y Política Nacional de la Asamblea Regional, Galina Soloviova, el Gobierno local ha recibido numerosas quejas sobre abusos, violencia e incluso muerte de niños entregados a familias extranjeras.

Soloviova, citada por la agencia rusa Interfax, aseguró que en las redes sociales en Estados Unidos y Europa Occidental existe un esquema de compra y venta de niños rusos.

Gobierno español no está dispuesto a aceptar la retroactividad que exigen las autoridades rusas para desbloquear las adopciones, que mantienen paralizados los procesos de cerca de 500 familias españolas. El Tribunal Supremo ruso dictaminó el pasado 29 de agosto la prohibición de la adopción de niños de su país a parejas de homosexuales y de solteros de países donde son legales las uniones de personas del mismo sexo y el Ejecutivo de Vladimir Putin exige un control de todos los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. Según un documento oficial del Ministerio de Educación ruso, todas las familias adoptantes tendrían que someterse a más controles periódicos para comprobar que realmente se cumple la normativa.

De esta manera, más de 7.000 familias se verían obligadas a someterse a estas pruebas, con el consiguiente gasto económico (unos 200 euros por cada uno de ellos), Por ello, el Gobierno español ha estado buscando soluciones desde el inicio de esta crisis y debido a que la retroactividad no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico ha consensuado una serie de criterios para contentar a la delegación rusa que llega la semana que viene a España para negociar el convenio bilateral.

Estas conclusiones fueron trasladadas por el Ministerio de Sanidad el pasado miércoles a los directores de infancia de todas las comunidades autónomas, a los que se les instó a establecer mecanismos de control de estos niños. Según fuentes cercanas a la negociación, la intención del Ejecutivo es que, a cambio de la retroactividad, ofrecer la máxima transparencia en los procesos y establecer mecanismos de información para que las autoridades rusas sepan en qué situación se encuentra cada niño. De esta manera, el Gobierno de Vladimir Putin podrá solicitar información sobre los menores adoptados, que le será remitida desde las Comunidades Autónomas y desde las propias Ecais, los organismos de mediación en los procesos de adopción internacional.

Las autoridades rusas ya han manifestado su intención de firmar acuerdos bilaterales con una veintena de países, entre ellos España, pero las noticias de los últimos días están aumentando la angustia y tensión de las familias afectadas. Hace escasas fechas, el Defensor del Menor ruso, Pável Astájov, solicitó al Kremlin la suspensión de las adopciones internacionales, una actividad que calificó de «antipatriota».

Suspensión de los procesos en Siberia

Justamente ayer, la región siberiana de Kémerovo anunciaba que prohibía cualquier tipo de adopción por padres extranjeros debido a las denuncias por maltrato que los menores han presentado contra sus nuevas familias. La vicepresidenta del comité de Educación, Cultura y Política Nacional de la Asamblea Regional, Galina Soloviova, indicó que el Gobierno local ha recibido numerosas quejas sobre abusos, violencia, e incluso, muerte de niños entregados a familias extranjeras, informa Efe. Esta situación ha dejado sin su hijo al menos a una familia española, que ya conocía al niño y estaba pendiente del juicio de asignación.

Solovioba añadió que el las redes sociales de Estados Unidos y europa Occidental existe un esquema de compra y venta de niños rusos. «Como resultado, los niños puedan acabar en cualquier parte y con cualquiera. Y Rusia no puede jurídicamente asistir a los niños que se encuentran en situaciones de peligro o dificultad», dijo. Como consecuencia de esto, desde el pasado 1 de enero han sido suspendidas las adopciones a padres procedentes de Estados Unidos.

En principio, las autoridades españolas encaran la reunión con optimismo, aunque las familias deberán esperar a que se alcance el acuerdo y sea ratificado en los dos países.

De momento, el Ministerio de Sanidad ha emitido un certificado a través de las comunidades autónomas, que ha sido remitido a los jueces rusos, para que se puedan desbloquear los casos que están pendientes de juicio. Esta realidad afecta a 150 familias, de las que 66 ya tienen fecha de juicio. Sin embargo, el resultado ha sido desigual. Mientras en la provincia de Krasnoyarsk ha habido ya al menos dos sentencias favorables a la adopción, en provincias como Vladivostok o Chitá, los jueces han aplazado la sentencia hasta la firma del acuerdo bilateral. En otras regiones, no ha habido tanta suerte y algunos magistrados han decidido dar una sentencia negativa y han perdido a su hijo.

Miedo de los adoptantes

Las noticias llegadas desde Siberia, donde han prohibido las adopciones y ya han dejado sin su hijo a al menos una familia española y a varias italianas -país con el que existe acuerdo bilateral-, han caído como una losa entre los adoptantes españoles. Kémerovo fue la primera en prohibir las adopciones de personas de Estados Unidos y el resto de provincias fueron detrás. El miedo de estas familias es que con la prohibición total ocurra lo mismo. Otro de los temores de este grupo de españoles es que en el caso de que el proceso de ratificación del acuerdo se prolongue, sus hijos sean reasignados a otras familias «en interés del menor» y tengan que reiniciar el proceso desde el prin