A partir del 1 de enero las personas interesadas en iniciar una adopción internacional tendrán que pagar 1.000 euros por tramitar el certificado de idoneidad, «sino que ese pago afectará, también, a las 38 familias que presentaron su solicitud este año».

La noticia ha generado rechazo entre los adoptantes, ya que el certificado de idoneidad «es el requisito imprescindible y obligatorio que tiene que lograr toda la persona que quiera adoptar». Sin él, no hay adopción posible, por lo que el pago al que obligarán a los casos de adopción internacional «es discriminatorio frente a los que inician la vía nacional».

Discriminatorio y «peligroso» lo ve la portavoz de IU en materia de Bienestar, la exconsejera Noemí Martín. Martín, que ya retiró una medida similar implantada en 2008 por la entonces consejera socialista Pilar Rodríguez, asegura que «no estamos de acuerdo en que se cobre», porque supone «una doble vía peligrosísima».

Noemí Martín aseguró que desde el PSOE no se les ha informado de nada al respecto y considera que «si es una tasa, debería figurar en el presupuesto y de eso no aparece nada». Entiende la diputada que si el problema es el excesivo coste del proceso, «Bienestar debería de suspender el convenio que tiene los colegios de Trabajo Social y Psicología, puesto que son pocas peticiones y puede afrontar el proceso con el personal de la consejería».