La condición de adoptado dura toda la vida. Así lo creen las personas que pasan por este proceso que surge del abandono y que para los padres adoptivos puede significar una espera de muchos años. España es uno de los países con más familias solicitantes, cerca de 33.000, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Por este mismo motivo, en la reforma de Ley del Menor, cuyo anteproyecto ya está en marcha, el Ministerio de Ana Mato plantea algunas modificaciones.

Además de la desjudicialización de los procesos de acogimiento, que ya se había planteado, otro punto novedoso a introducir en la ley será la adopción abierta, según ha podido saber LA RAZÓN. Una opción que no recoge la legislación actual y que cuenta tanto con detractores como con defensores. Mientras algunos ven un posible riesgo para la estabilidad del menor, otros lo consideran un avance positivo a la hora de ayudar al adoptado en su desarrollo personal.

El detalle concreto aún se desconoce, pero una de las líneas en las que está trabajando Sanidad es la posibilidad de que un juez de menores «tutorice» los posibles encuentros entre el menor y su familia biológica. Es decir, establezca el posible régimen de encuentros y visitas.

«Lo vemos muy bien si ayuda a que la persona adoptada encuentre su identidad, aunque para los padres que adoptamos siempre existe el miedo a convivir con la familia biológica», afirma Adolfo García, padre de una niña adoptada y coordinador de la Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA). Eso sí, «siempre que no sea perjudicial para el menor y los padres biológicos no tengan una conducta peligrosa», añade García. Este modelo de adopción lleva años funcionando en los países anglosajones: Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y en algunas provincias canadienses. Poco a poco ha ido llegando a algunos países europeos como Suecia y Austria. «Podría ser una opción para todos aquellos niños que no pueden ser cuidados por sus padres (definitivamente o por un tiempo determinado), pero para los que no se maneja como opción la adopción plena, por considerarse que puede ser beneficioso para ellos el mantenimiento de ciertos vínculos con algún miembro de la familia biológica», afirma Blanca Gómez, investigadora del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. Y es que esta experta tiene muy en cuenta que la mayoría de los menores que se adoptan en España superan los seis años y, en muchos casos, cuando son adoptados «no aceptarían una ruptura total o porque la posibilidad de mantener el contacto ayudaría a algunos padres que no quieren o pueden cuidar adecuadamente de sus hijos».

Otro de los motivos para impulsar este cambio en nuestra legislación es que puede animar a las familias a ofrecerse para el cuidado de niños que actualmente se encuentran en acogimiento y «podrían beneficiarse de una adopción de este tipo, ya que uno de los motivos que más echa hacia atrás a las familias a la hora de ofrecerse para acoger es que el acogimiento no es, en principio, para siempre, mientras que la adopción abierta sí lo sería», añade Gómez. Y es que, como explican desde CORA, «uno de los mayores problemas que tenemos para la adopción nacional es el periodo de acogimiento preadoptivo (mínimo de seis meses), que no significa que prohijes al menor. Y eso para nosotros es muy duro». Además, el proceso judicial en España también es muy lento y eso no anima a las familias a optar a la adopción nacional. Y es que, «sólo con ver la foto de tu hijo ya lo sientes como tal y ese periodo de acogimiento es muy duro para los padres». Eva Gispert, fundadora y directora del Instituto Familia y Adopción, sabe de primera mano lo que es ser adoptada. Sin embargo, muestra ciertas reticencias en lo que puede significar que un menor lidie con la posibilidad de tener dos familias. «La persona adoptada se siente víctima del abandono para toda su vida y puede desarrollar, a lo largo de su vida adulta, el temor a un segundo abandono», apostilla Adolfo García. Partiendo de esta base, Gispert entiende que «cada caso es muy complejo y que existe cierto riesgo de inestabilidad para el menor». La posible desestabilización del niño adoptado es lo que más preocupa a los expertos, ya que «conocer a los padres biológicos puede someterle a un vaivén emocional. Los padres deben ser conscientes de que, en el momento en el que adoptan a su niño, su pasado pasa a ser nuestro». Los expertos también son muy críticos con la actual Ley del Menor, que consideran «manifiestamente mejorable», apunta Gómez. «Tenemos a los niños esperando a que se recuperen las familias en los centros durante mucho tiempo. Nos hacemos cargo de ellos porque necesitan protección, priorizamos la vuelta con la familia biológica sobre la integración en otra familia; esto es correcto, pero, como se hace sin poner plazos y con pocos medios, los niños se van haciendo mayores sin que sus familias se recuperen, y luego ya no es posible la adopción».

Menos familias dispuestas a adoptar por la crisis

La crisis afecta a todos los ámbitos de la vida diaria. Las adopciones también se han visto reducidas con la actual coyuntura económica. Los ofrecimientos para las adopciones internacionales, que implican un mayor coste económico, se han visto mermadas en los últimos años. Sin embargo, el número de personas que se ofrecen para adoptar sigue siendo elevado en España, y la situación de los niños es similar a la que se vivía anteriormente. No obstante, hay más familias que pasan dificultades económicas en estos tiempos y, por tanto, hay más casos de cesión voluntaria de la guarda custodia de los niños por parte de sus padres al no poderse hacer cargo de sus gastos del día a día. Así, está aumentando el número de casos de menores que tienen problemas de malnutrición.
Fuente : La Razón