Una de las trabajadoras del servicio de la sección de Acogimiento Familiar y Adopción de la Diputación recuerda que, cuando ella empezó a trabajar en el departamento, hace ahora 12 años, se tramitaba una treintena de solicitudes de adopción internacional al mes. Ahora se reciben algunas pocas más que esa cantidad en todo el año. «Han bajado en picado», reconoce. Tanto que actualmente las familias vizcainas que optan por la adopción nacional superan ya a las que recurren a países como China, Rusia o Colombia. Las solicitudes para adopciones internacionales están en caída libre: hoy en día únicamente se tramitan 37 al año, mientras que las nacionales siguen establecidas en medio centenar. La prolongación de los procesos y los obstáculos que están empezando a poner algunos países ha hecho que muchas familias desistan de iniciar un proceso que se prolonga ya más de siete años en países como China. Los números lo dicen todo: hoy en día solo se registran 38 solicitudes, cuando hace apenas cinco años se recibían 111. «Y si se echa la vista atrás, las cifras son aún mayores», explica esta trabajadora.

La crisis económica de los últimos años solo ha terminado de dar la puntilla a una tendencia que empezó a notarse en 2008, cuando se pusieron en marcha los cursos de formación obligatorios para todas las familias que quieran adoptar. «Hacían ver una realidad que la gente no conocía. La adopción es una medida de protección no exenta de problemas, no es siempre tan idealizada como uno se imagina. Había gente que se autoexcluía porque no se veían capaces de atender las necesidades específicas que tienen estos chavales», explica.

Al mismo tiempo, los procesos en los países se empezaron a complicar sobremanera. Los países establecen requisitos más exigentes a las familias adoptivas. Expedientes que se resolvían en año y medio empezaron a prolongarse hasta los siete, como actualmente está ocurriendo con países como China. Además, los países empezaron a fomentar la adopción nacional entre sus propios ciudadanos. Las condiciones se han vuelto muy estricta: China, por ejemplo, ya no acepta familias monoparentales ni personas con problemas de obesidad y tienen que tener estudios universitarios; Colombia está revisando sus procedimientos de adopción. En muchas ocasiones, solo se aceptan solicitudes para niños con necesidades especiales.

Por su parte, las solicitudes para una adopción nacional se han mantenido estables, en el entorno de las cincuenta al año: 52 en 2013 frente a las 58 de 2009. La inseguridad del proceso judicial para hacer efectiva la adopción ha hecho que, tradicionalmente, muchas familias elijan en primera lugar la adopción internacional. Cuando se adopta en un niño en un país extranjero, el proceso termina cuando se constituye la adopción: así lo determina el auto de un juez. Los procesos nacionales son diferentes: las familias pasan primero por un acogimiento preadoptivo de forma paralela al proceso judicial. Son dos, tres, cuatro años de espera, durante los cuales el niño sigue manteniendo la filiación de sus padres biológicos -y, en algunas ocasiones, también regímenes de visita- y que no siempre terminan con un resultado positivo. «Los autos judiciales son recurribles, por lo que a veces esa situación se alarga mucho. Hoy en día las familias tiene menos miedo de pasar por todo ese proceso, pero era una de las razones por las que iban al extranjero a adoptar», explican desde la sección de Adopción.

Más familias dispuestas Aunque las solicitudes ronden el medio centenar, apenas se constituyen unas 17 o 18 adopciones nacionales al año en Bizkaia: 21 en 2009, 16 en 2013. ¿Por qué tan pocas, si más de medio millar de menores viven actualmente en centros residenciales, tutelados por la Diputación? Porque no todos ellos pueden ser adoptados. «Niños en los centros tenemos muchos; susceptibles de ser adoptados, no tantos», advierten en Infancia. Con algunos de ellos se está trabajando para que puedan volver a vivir con sus padres o acogido por una familia. Dejando a un lado los casos en los que la propia madre renuncia a su hijo, tienen que ser situaciones muy claras de problemáticas irrecuperables: una enfermedad mental o drogadicciones muy graves. Aunque la Diputación, que es la entidad pública de protección en el territorio vizcaino, es quien considera que un niño puede ser dado en adopción, es el juez quien tiene la última palabra para privar a su familia de la patria potestad. «Por eso los procesos nacionales son más inseguros y hay gente que no está dispuesta a ello», explican.

En Bizkaia, actualmente, hay más familias dispuestas a adoptar a un niño que menores que necesiten un nuevo entorno. Más de 200 familias, apuntan desde la Diputación. Por eso, no hay niños que tengan que esperar una familia adoptiva. Si, acaso, grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, para los que no hay tantas familias dispuestas a abrir las puertas de sus casas. En las adopciones nacionales, las familias realizan un ofrecimiento a la Diputación para hacerse cargo de un niño; cuando la institución necesita un hogar para algún menor, recurre a ellas para ver si se pueden hacer cargo del menor. El ofrecimiento puede ser diferente: de un bebé, de un grupo de hermanos o de un niño con necesidades especiales.