El grupo de UPyD en el Congreso ha cuestionado que modificar la Ley de Adopción Internacional para cumplir con las exigencias de Marruecos en relación al «kafala» (modalidad de adopción que rige en el mundo islámico) sea compatible con los valores constitucionales del ordenamiento jurídico español.

Así se lo ha trasladado al Gobierno en una pregunta escrita, en la que le pide que explique qué negociaciones ha mantenido con su homólogo alauí sobre este asunto, si piensa modificar dicha ley y, en caso afirmativo, cómo piensa modificarla para adaptarla a las exigencias marroquíes.

En la exposición de motivos de su iniciativa, UPyD plantea que el Gobierno de Mariano Rajoy parece estar dispuesto a modificar la Ley de Adopción Internacional como solución al problema de 58 familias españolas con huérfanos marroquíes asignados desde hace meses y que no pueden sacar a los menores del Reino de Marruecos.

Según UPyD, las exigencias del país alauí para conceder la tutela dativa de niños marroquíes a ciudadanos españoles se han acrecentado, por lo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, envió a finales de febrero a Rabat al director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, que se reunió con Mustafá Ramid.

Asegura este grupo que Llorente trasladó al ministro marroquí de Justicia la intención del Ejecutivo español de establecer por ley que los españoles que tutelen a niños marroquíes o subsaharianos, acogidos en orfanatos de Marruecos, tendrán que respetar la «kafala», una figura jurídica islámica que les obliga a mantener la filiación del niño, su religión musulmana y su nacionalidad.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, UPyD argumenta que, en caso de que se modifique la ley, los progenitores adoptivos no podrán, por ejemplo, pedir a los jueces de menores en España la plena adopción del menor.

Según sus datos, en 2011, último año de normalidad en el proceso de adopción de menores marroquíes, los tribunales de ese país otorgaron 254 «kafalas» a extranjeros, sobre todo a españoles.

Sin embargo, con el cambio de gobierno y la llegada de Ramid al Ministerio de Justicia, se ordenó suspender la entrega de menores a extranjeros, si éstos no iban a residir habitualmente en el territorio marroquí, ya que el ministro argumentaba que si los niños tutelados salían del país, era imposible verificar que se respetaba la «kafala» y que fueran educados en el Islam.